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Menos Constitución en Soria: recortes en la cohesión social y territorial

Congreso de los Diputados

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Celebramos el 34 Aniversario de la Constitución Española,  y tenemos un Gobierno del PP que se aleja de los artículos constitucionales que defienden la cohesión social y territorial, tan necesarias en una provincia, despoblada, como Soria; y lo que es peor, este Gobierno ganó las Elecciones Generales con un programa que ha sido incumplido en todos sus puntos. Existe, por tanto, una legítima desafección ciudadana.

Cuando existen graves problemas, como los que vivimos en la actualidad, se produce un alejamiento en la valoración de los instrumentos democráticos. 

A la par hay que recordar que nuestro país, gracias a la Constitución Españolaestá viviendo, pese a las dificultades, en libertad, algo que históricamente ha brillado por su ausencia, salvo pequeños periodos truncados siempre por golpes militares.

Entendiendo a quien lo esté pasando mal, que  tiene todo el derecho del mundo a sentirse indignado y molesto; no es menos cierto que ante el malestar evidente, desde las esferas del poder del PP (con toda la artillería mediática a su servicio) se fomenta también una crítica generalizada.

Prefieren que la crítica se haga a “toda la clase política”,  “a todo el sistema democrático”, ya que el “prorrateo” , salen ganando, por lo que toca de desprestigio a los demás (que debiera ser centrado principalmente en quien toma las decisiones ejecutivas) y luego porque consideran que su voto “identitario” es más robusto en este campo; ¿cuántas personas votan “derecha” y cuestionan a los políticos?. Ejemplo de esta estrategia “igualadora”, del “prorrateo de la responsabilidad” (que corresponde principalmente al Gobierno y al PP) es Aznar, echando “tinta como el calamar”, la culpa es … “de los políticos“, menos mal que él está al lado de una (la que malgestionó el Madrid -Arena) y él es Presidente de honor del PP. Pero la estrategia está en marcha. Observar, analizar y valorar.

Los recortes de derechos que estamos sufriendo nos alejan de esos valores constitucionales, y es más constitucional la manifestación, por ejemplo, que se produjo en el entorno de la Asamblea de Madrid de la sanidad madrileña que se defiende ante las medidas privatizadoras que quieren convertir la Sanidad en un negocio. Mi solidaridad y reconocimiento a esta ciudadanía convencida que defiende, más y mejor, los derechos constitucionales en defensa de una sanidad de calidad a la que tenemos derecho y que ahora el PP quiere desmantelar, en el ámbito público, para hacer negocio.

No es más español el que más se “envuelve” en la bandera”, creando problemas innecesarios (como en Educación), si no quien profundiza más en los derechos de los españoles/as y quien se preocupa más, por otro principio constitucional, como es la cohesión social y territorial que tan necesario es para Soria. Wert incendiando la convivencia (y el PP) son más nacionalistas, pero menos españoles, ya que minan la convivencia en el conjunto del país por un interés exclusivamente partidista. Una cortina de humo para hacernos olvidar los datos del paro o el incumplimiento (no solo electoral, sino del propio parlamento y declaraciones de hace un mes) de subida de pensiones.

Quiero recordar que mientras se recorta la enseñanza pública, se favorece la segregación (con fondos públicos) por sexo, se amplían los conciertos, se desmantelan servicios educativos en el medio rural y de apoyo a los estudiantes o se recortan las becas, elementos fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.

 Vivimos un momento de crisis económica global, que en nuestro país es especialmente intensa; una crisis que ha traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y trabajadoras, y enormes dificultades para sus familias. Hoy el derecho al trabajo es un derecho más alejado, que hace un año, tenemos más paro, pese a los compromisos electorales suscritos por el partido en el Gobierno con los ciudadanos, concretamente en Soria ha subido un 25 % y lo que agrava más las cosas es que hay menos protección a los desempleados 6.627 sorianos en paro, de los cuales 2.659 personas no cobran nada, y encima con menos derechos.

 Con las medidas del Gobierno favoreciendo solo una “Justicia para ricos” y los pobres que se fastidien y no recurran, nos alejamos del principio Constitucional para acercar la justicia al ciudadano, teniendo en cuenta sus recursos.

Ante esto los socialistas renovamos nuestro compromiso con una justicia propia del siglo XXI: una justicia eficaz,ágil y próxima al ciudadano. Un compromiso que choca con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, que suponen un serio obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia en condiciones de igualdad.

La cohesión social y territorial se resiente gravemente con los “hachazos” a la Ley de Dependencia, las nulas inversiones para cohesionar el territorio, los recortes en la Sanidad o en la Educación Pública. Es un hecho objetivo que estamos peor que hace un año y lo estamos porque, principalmente, vamos en la dirección equivocada. Nunca, jamás, ningún país, cuando se contrae la actividad privada, ha salido de la recesión con el principio de “la austeridad a ultranza” haciendo sufrir más a los ciudadanos. Nunca. Vamos por el mal camino y es preciso corregir el rumbo para acercarnos más a los principios que inspira nuestra Constitución.

El PSOE en estos 34 años de Constitución Española creó los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, con el esfuerzo colectivo de todos y buscando siempre el consenso, lo contrario a lo que está sucediendo en este momento y que un día como hoy nos debería mover a la reflexión para retomar la senda del consenso, del acuerdo, del diálogo y de reforzar los elementos que cohesionan más y mejor tanto a una sociedad, como a los distintos territorios de España, dónde Soria tanto lo necesita.

Tan constitucional como cualquier artículo es todo el Título X “De la reforma constitucional”, entiendo  y comparto la necesidad de modificar la Constitución Española para profundizar la participación ciudadana, la reforma del Senado o garantizar más y mejor la cohesión social y territorial, pero ahí nos marca el camino. No es fácil, porque requiere de un amplio acuerdo, creo que necesario, imaginar con mayoría absoluta, si solo fuera necesaria la opinión del partido gobernante, las modificaciones a las que nos podría someter el PP. Si ese sentir es mayoritario, al final, terminará cuajando. Yo apuesto por ese cambio.

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Manifiesto del PSOE por el Día de la Constitución en su 33 Aniversario

Congreso de los Diputados

Nuestra Constitución cumple estos días su trigésimo tercer aniversario. El mérito es de los ciudadanos y a ellos expresamos nuestro público reconocimiento.

El PSOE se felicita por estos treinta y tres años de convivencia en libertad y democracia en los que el pueblo español ha sido el protagonista de su propia historia.

Este aniversario se celebra en un momento de traspaso de poderes, expresión de la alternancia política, entre el actual Gobierno de España y quienes están llamados a sucederle, en cumplimiento de la voluntad popular y dentro del funcionamiento normal de las instituciones democráticas.

El PSOE quiere resaltar el ejemplar comportamiento del pueblo español el pasado día veinte de noviembre, con una notable participación electoral en unas elecciones generales celebradas sin incidencia alguna y sin la amenaza coactiva y asesina del terrorismo, lo cual pone de manifiesto, de manera indubitada, la grandeza y el triunfo de la democracia, de la convivencia pacífica y de la Constitución, frente al terror.

En este último año el Parlamento español aprobó, por una gran mayoría fruto del voto favorable de los dos grandes Partidos, una reforma parcial de la Constitución, introduciendo la garantía del principio de “Estabilidad Presupuestaria” en su artículo 135, efectuada desde la legitimidad de las Cortes Generales, dentro del normal funcionamiento de los mecanismos y de las previsiones constitucionales de reforma.

Para el PSOE, se trata de una reforma necesaria y positiva de nuestro texto constitucional en sintonía jurídica con la Unión Europea, que refuerza la capacidad de actuación y credibilidad de España, de su financiación y de la solidez y solvencia de sus garantías, fortaleciendo la confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la estabilidad de la economía española, de su contribución a la convergencia económica en la zona euro, contribuyendo de esta manera, con determinación, al mantenimiento y desarrollo del Estado Social proclamado en nuestra norma fundamental.

El PSOE quiere resaltar que el principio de estabilidad presupuestaria ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, elevándose ahora su rango normativo al nivel Constitucional. Se trata de un principio recogido en nuestros compromisos programáticos y de gobierno, que forma parte del acervo de la socialdemocracia y que supone una expresión de solidaridad intergeneracional y con las generaciones futuras.

La reforma constitucional que acordaron las Cortes Generales, al igual que el camino emprendido por Alemania, Francia, Italia y otros países de la zona euro, en sus respectivos ordenamientos constitucionales, es consecuencia y reflejo del compromiso de España con Europa y con el euro, con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre otros aspectos de relevancia económica.

La reunión del próximo Consejo Europeo del día 9 de diciembre supone una cita trascendental. Hoy en la Unión Europea se está gestando un Gobierno económico común, una política económica común, una nueva gobernanza económica e institucional, para dirigir la política fiscal y presupuestaria en la zona euro, que puede pasar por una inminente reforma de los tratados.

Europa requiere acabar con los vestigios de dumping social, presupuestario y fiscal que aún permanecen. Son necesarios compromisos firmes, ciertos, verificables y fiscalizables que deben ser asumidos conjunta y solidariamente. La unidad monetaria de Europa no es suficiente. Es preciso avanzar hacia una auténtica enidad económica, lo que supone unidad presupuestaria y fiscal.

El reto de la política europea es salvar el euro. Para salvar la moneda única, la Unión Europea ha venido contemplando una serie de medidas como la de acudir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, además de otras iniciativas como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o la compra de bonos por el BCE y otras fórmulas de ayuda a los países que cumplen sus compromisos. Ello requiere garantías de pago, para lo cual, la UE se plantea reformar los tratados recogiendo y estableciendo garantías de estabilidad fiscal.

Además, el pasado once de marzo de este año, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acordaron el Pacto del Euro. Uno de los compromisos de dicho pacto es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este acuerdo persigue una mayor coordinación de las políticas económicas para garantizar una unión monetaria más integrada y competitiva y generadora de empleo.

La Unión Europea no avanzará si no lo hacen sus miembros y si ellos no crean las condiciones objetivas políticas, jurídicas, económicas y constitucionales en el seno de cada país.

La reforma constitucional del artículo 135 se anticipa en esa dirección. Con ella, España lanza un mensaje de solvencia y de confianza al mundo.

La reforma del artículo 135, esto es, el refuerzo y la elevación a rango constitucional del principio de “estabilidad presupuestaria” y de la obligación de “priorizar” en la atención al “pago de la deuda pública” de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los “márgenes” de “Déficit Estructural acordados en la Unión Europea”, obliga a que las leyes y los actos de Gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias “extraordinarias” y graves “apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados”.

Pero todo ello debe ser interpretado y gestionado en el marco de nuestra propia Constitución, es decir, a la luz de la importancia, prevalencia y firmeza normativa de los derechos y deberes fundamentales y de los “Principios Rectores de la Política Social y Económica”, recogidos en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución, los cuales “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”.

El PSOE siempre ha considerado que nuestra Constitución es, sobre todo, una gran carta de derechos y deberes, y los llamados “Principios Rectores de la política social y económica”, regulados en los artículos 39 a 52, funcionan como una “Constitución Económica” que no puede ser desconocida por el resto del articulado constitucional, ni por los poderes públicos, que están obligados a promocionarlos y aplicarlos.

Por consiguiente, la necesaria reforma del artículo 135 no supone limitación de derechos, no fue una reforma contra nadie, ni se hizo a costa de la autonomía de la política, ni puede ser interpretada en contra de los derechos y libertades fundamentales, ni puede desconocer el superior rango de unos “principios rectores de la política social y económica”, que según se desprende de nuestra propia Constitución, obligan a los poderes públicos a promover la redistribución de la renta, el pleno empleo, un régimen público de seguridad social, el derecho a las prestaciones y asistencia sociales, la protección de la salud y la sanidad pública, el medio ambiente, una vivienda digna, o pensiones adecuadas, entre otros principios, derechos y actuaciones. Esos valores, derechos fundamentales y principios rectores sociales y económicos, son la columna donde encuentra la Constitución española su mayor firmeza normativa.

Por último, en estas fechas, el PSOE quiere ratificar su compromiso con las personas que han perdido su empleo o tienen grandes dificultades para acceder al mismo. Sin duda alguna, la gran crisis global se ceba en España principalmente en quienes pierden su empleo o no encuentran trabajo. Por eso, hoy el compromiso prioritario es la lucha contra el paro. La Constitución obliga a los poderes públicos a la realización de una política activa a favor de quienes están sufriendo las consecuencias más graves de la peor crisis económica de la historia.

Colocar la lucha contra el desempleo como la gran prioridad de la acción política es un imperativo constitucional acorde con los valores superiores de libertad, justicia e igualdad que nuestra Constitución proclama. Hoy, en la celebración de su 33 aniversario, ese es el gran compromiso de España

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